Declaración
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayesta, quien expuso a los medios de comunicación, que no estén en funcionamiento las cámaras del 911 “sin duda es una preocupación porque dejan de grabar en las zonas donde se están cometiendo y dan pie a los delincuentes puedan cometer robo, hurtos o cualquier tipo de delito”.
Justificación de la evaluación
Debido a que muchos sectores del país son altamente vulnerables a la violencia por eso es necesario que se reestablezca el servicio de cámaras de vigilancia del 911, ya sea que se pague la deuda con el proveedor o instalar su propia red, iVerify contrastó diferentes informaciones y fuentes para llegar a la conclusión que, sin su funcionamiento, la más perjudicada es la población.
Sin el funcionar de de las cámaras provoca que las ambulancias de los bomberos o cuerpos de socorro, patrullas o elementos policiales o de seguridad no lleguen con inmediatez a los lugares donde se producen accidentes o actos delincuenciales, porque no se reporta con exactitud el sitio del evento.
Esto ha hecho que la población y de los entendidos en la materia, hagan saber su preocupación por diversos medios de comunicación y plataformas de difusión, porque ven una urgente necesidad en su restablecimiento.
El Sistema Nacional de Emergencias 911 mediante un comunicado informó que la interrupción de la operación se debió a una decisión unilateral del integrador al no aceptar una nueva negociación para reducir costos.
En el comunicado se detalla que a pesar de una inversión de más de 100 millones de dólares el 911 sigue bajo el control del integrador, además de haber suscrito un nuevo contrato por 150 millones de dólares y el cobro mensual de 1.8 millones de dólares por soporte y mantenimiento de la red.
Se suspendió todo el sistema, el de cámaras y de llamadas a la línea de emergencia 911, pero estas ya fueron reestablecidas, en las regionales donde funciona en el norte, sur y Tegucigalpa.
Por esta razón, expertos en materia de seguridad sugieren que el Estado no debe seguir pagando un contrato tan caro.
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayesta, quien expuso a los medios de comunicación, que no estén en funcionamiento las cámaras del 911 “sin duda es una preocupación porque dejan de grabar en las zonas donde se están cometiendo y dan pie a los delincuentes puedan cometer robo, hurtos o cualquier tipo de delito”.
“Las cámaras de seguridad no previenen el delito sino disuaden a los delincuentes”, apuntó a los medios de comunicación.
La criminalista sugirió que el Estado debe manejar la red de cámaras, reforzando lo anunciado en el comunicado del Sistema Nacional de Emergencias que se “está trabajando en instalar un 911 del pueblo y para el pueblo, seguro, moderno y honesto”.
Diversos sectores de la sociedad concuerdan con lo planteado por Ayestas, entre ellos diputados del Congreso Nacional, que sugieren que el contrato con la empresa proveedora del servicio debe ser revisado.
“Parece que ese contrato del 911 al puyarlo saldrá pus por todos lados. Típico de los contratos de la narcodictadura…sobre valorados y amarrados”, señaló el diputado en un tuit el 3 de septiembre.
Así lo hicieron ver a diversos medios de comunicación jefes de bancadas del congreso, entre ellos el diputado liberal Mario Segura quien externó la importancia del sistema que debe estar en manos del Estado y no depender de una compañía propietaria del software porque no son solo llamadas de emergencia, sino que hay un seguimiento de las cámaras.
La población se ha hecho sentir en las diferentes redes sociales porque se ven indefensos porque no cuentan con esta herramienta en la seguridad en las calles
