Declaración
Ante el rechazo dado a conocer en los medios de comunicación por el gobierno de que la CICIH no actué como un ente acusador privado en los actos de corrupción que investigue, se solicitó investigar al equipo de iVerify si esto da pie a que este organismo esté supeditado a una libre acción de un fiscal. A continuación, lo descubierto por nuestra mesa de verificación.
Justificación de la evaluación
Ante la negativa del gobierno de permitirle a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) actuar como acusador privado, diferentes sectores sociales mostraron su malestar y cuestionan que este rechace dejará en manos del fiscal de turno hacer lo que él quiera en materia de inculpador.
El gobierno sostiene que para que se entable la misión de la CICIH en el país parte de que su papel sea el de un querellante adhesivo en el proceso y no de un acusador directo porque este papel le corresponde al Ministerio Público.
La Organización de las Naciones Unidas exige para la instalación de la misión de CICIH que esta tenga el papel de acusador, lo que no permite el gobierno porque según el ministro para la Transparencia, Edmundo Orellana, “ni la investigación ni la acción pública penal puede hacerse si no es a través del Ministerio Público”.
Sin embargo, esta posición del gobierno encontró los cuestionamientos de los sectores de sociedad civil que ven una piedra de tropiezo y suponen que sería similar a la muy controvertida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Uno de estos cuestionamientos llegó del Coordinador de los Juzgados de Sentencia de Francisco Morazán, Mario Díaz, quien aseguró que “si la CICIH no tiene poder para poder asistir a los tribunales junto al ministerio Público sus acciones van a quedar al arbitrio del fiscal que tiene el monopolio de la acción penal pública, ahí quedaría burlada la voluntad popular y de la institución que vendrá al país a colaborar en investigar en temas de corrupción”.
Sin embargo, el Coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, solicitó al gobierno que sea un acusador querellante adhesivo y para ello debe reformar la Constitución de la República.
“Creo que eso sería lo ideal, porque creo que la CICIH pueda acusar por sí sola porque se tendría que Reformar la Constitución y eso tardaría mucho más tiempo”.
